Tras los recortes decididos la semana pasada para reducir el gasto del Estado ahora el gobierno de Zapatero anuncia su intención de abordar una suerte de reforma fiscal para incrementar los ingresos. En realidad hace tiempo que ya se había anunciado la inminente subida del IVA, que como impuesto indirecto repercute por igual en todos los bolsillos y consecuentemente afecta más a quién menos tiene. También habíamos experimentado desde comienzo del presente año un aumento de las retenciones practicadas mensualmente a nuestras nóminas, de forma que los asalariados ya llevamos unos cuantos meses acuciados por un leve pero innegable aumento de la presión fiscal. La nueva propuesta lanzada al aire con poca concreción sugiere que en un futuro próximo se les van a subir los impuestos a los ricos de verdad. De momento y de un modo muy vago Zapatero ha sugerido que la frontera está en la mágica cifra de 60.000 euros de ingresos anuales, lo que vendría a ser 10 millones de las antiguas pesetas. La intención sería buena si viniera acompaña de medidas que posibilitaran una verdadera reforma fiscal en este país, pero me temo mucho que todo se va a quedar en agua de borrajas: estamos muy lejos de empezar a parecernos a los países escandinavos. ¿Por qué?Para empezar, deberíamos asumir que queremos una sociedad más igualitaria y que consideramos que el Estado tiene que ser el principal garante de esa aspiración mediante una redistribución de la riqueza, para que todos los que la producen la disfruten de una manera más equitativa. Aunque esta premisa está en la letra de cualquier programa socialista de momento ningún gobierno la ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias. Pero lo llamativo no es esto, sino que seguramente a una parte importante de la sociedad ni tan siquiera le parece una meta deseable. Bien porque desconfía del Estado pues lo considera técnicamente incapacitado o éticamente deslegitimado para intervenir de la manera radical que una política igualitarista requeriría, bien porque sencillamente la igualdad social no casa con sus aspiraciones (posibilidad ilimitada de enriquecimiento, consumismo sin cortapisas, amplias opciones de incremento del patrimonio personal…). Así opinan los que conforman el imaginario económico colectivo en consonancia con el pensamiento del establishment financiero internacional y aunque simplistamente solemos identificarlos con la banca y el gran empresariado, hay toda una gran masa social de variada extracción que participa de ese mismo ideario. No creo que el actual gobierno, y qué decir del que casi con seguridad nos viene, vaya a osar poner en práctica una política fiscal que desaire a este sector, menos aun cuando parece que el propio gobierno empieza a estar contagiado de su diagnóstico sobre los males que padecemos y las recetas para sanarlos.
Pero aunque la propia sociedad manifestara de alguna manera su preferencia por un intervencionismo estatal más decidido, con una política fiscal verdaderamente progresiva y progresista, aunque algún gobierno llegara a convencerse sinceramente de que esta “revolución” es posible creo que es difícil que pudiera aplicarla con verdadera eficacia. Este país es el paraíso de los billetes de 500 euros, paradójica y sintomática peculiaridad que dice mucho de cómo funciona la actividad económica en España. Podrá llegar a fiscalizarse como se considere oportuno a los contribuyentes con más de 60.000 euros de ingresos declarados pero poco va a importar. Porque seguramente son muchos más los que con ingresos sensiblemente superiores a esa cifra figuran en las estadísticas de Hacienda como modestos contribuyentes que apenas ingresan lo que un sencillo asalariado, pese a que se les pueda ver llegar conduciendo un Audi a los aparcamientos de los restaurantes de lujo. No se trata solo de conseguir que 1.000 o 2.000 super-ricos cumplan con sus obligaciones fiscales (ahora incluso endurecidas). Esto es muy vistoso pero relativamente poco significativo para las arcas de un Estado que año tras año contempla impotente como un porcentaje importante de la población esconde una buena porción de sus ingresos para evitar tributar por los mismos. Y esto seguiría siendo así por mucho que Hacienda perfeccionara sus métodos de inspección, sencillamente porque la mentalidad social sigue considerando que es legítimo, porque no tenemos verdadero espíritu cívico colectivo, porque los que lo hacen piensan que realmente a nadie le perjudican y tienen sobrada justificación para hacerlo y además porque cualquiera que pudiera hacerlo lo haría.
Se ha dicho que en la crisis financiera tienen capital importancia los factores psicológicos, la confianza o la desconfianza con la que actúan y toman sus decisiones los agentes de la economía (las personas como consumidores o ahorradores, las entidades financieras, los inversores…). En la perpetuación de nuestros usos tributarios también tienen gran peso los factores psicológicos: sobre todo la pervivencia de una mentalidad poco proclive a la participación cívica que tiene mucho que ver con la falta de tradición democrática y con la persistencia de tics propios del período franquista. Contra esto, por muy buena voluntad que se tenga, es difícil luchar. Si además no se tiene voluntad…
+Info: sobre la propuesta del gobierno en El País y en El Confidencial
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